El Diputado Emanuel Fugazzotto, del bloque Partido Verde, presentó un pedido de informes dirigido al Departamento General de Irrigación con el fin de esclarecer las circunstancias en torno a la suspensión de la inspectora de cauces María Emilia Scatolón, quien denunció contaminación de agua y tierra con petróleo en la localidad de Lunlunta, Maipú.
La denuncia, realizada por Scatolón, alertó sobre la presencia de petróleo en suelos y aguas freáticas, lo que podría tener graves consecuencias tanto para el medio ambiente como para la salud pública de los mendocinos.
El legislador dijo que: “No podemos permitir que este tipo de denuncias pasen desapercibidas en una provincia con recursos hídricos tan limitados como Mendoza”.
Tras la denuncia, Scatolón fue suspendida de sus funciones y ha sido víctima de amenazas de muerte.
Fugazzotto remarcó que “es inaceptable que una funcionaria pública que trabaja en la defensa de nuestros recursos naturales esté expuesta a este tipo de amenazas y presiones”.
El pedido de informes busca aclarar si la suspensión de la inspectora está relacionada con su denuncia pública o con presuntas irregularidades administrativas, tal como lo señaló el Superintendente General de Irrigación.
El diputado cuestionó la transparencia en la gestión del Departamento General de Irrigación, señalando que “es fundamental que se aclare si las razones para suspender a la inspectora están justificadas y por qué no se tomaron medidas preventivas con anterioridad, si efectivamente había irregularidades en su desempeño”.
El pedido incluye los siguientes puntos clave:
• Identificación de los responsables de las amenazas recibidas por Scatolón y el estado actual de las investigaciones.
• Explicaciones sobre la suspensión de la inspectora tras la denuncia de contaminación y si la misma está relacionada con su accionar.
• Detalles sobre las presuntas irregularidades administrativas y su vinculación con la denuncia de Scatolón.El legislador también subrayó la importancia de proteger la integridad física y psicológica de Scatolón. “Ningún funcionario público debe estar expuesto a amenazas por cumplir su deber de proteger los bienes comunes de nuestra provincia”, concluyó Fugazzotto.