El Diputado Emanuel Fugazzotto ha presentado un proyecto de resolución solicitando la suspensión temporal del cobro del Impuesto Automotor y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza. La medida busca evitar el impacto económico que implicarían los aumentos proyectados para 2025 en el valor de la Unidad Fiscal (UF), que se espera pase de $127 a $420, un aumento de más del 200%. Este incremento afectaría directamente el costo de la RTO, que podría alcanzar hasta $102,656 para los automóviles, lo que representa un incremento del 230.7% en relación al valor actual.
Fugazzotto considera que estos aumentos son insostenibles y que la situación se agrava ante la falta de un plan de obras viales que justifique el uso de los fondos recaudados. «Es insostenible que se pretenda cobrar una suma tan elevada cuando no vemos mejoras concretas en las calles y rutas que usamos a diario. Antes de exigirle más a la gente, el gobierno debe demostrar que está usando esos fondos para el bien común», expresó Fugazzotto.
Asimismo, el proyecto de ley impositiva también contempla la eliminación de los “topeos” en el impuesto automotor, que anteriormente limitaban los incrementos del impuesto a un 152% en vehículos de hasta $15 millones. Con esta eliminación, muchos contribuyentes podrían ver un aumento desproporcionado en sus impuestos automotores, afectando aún más a los bolsillos de los mendocinos. “Sin un plan de inversión en infraestructura vial, este cobro resulta injustificado y abusivo en medio de la situación económica actual”, añadió Fugazzotto.
Fugazzotto señaló que esta eliminación de límites representa un «golpe directo a los bolsillos de los mendocinos, que ya enfrentan una inflación histórica y una situación económica complicada».
El diputado también subrayó la importancia de garantizar que la recaudación se destine a mejorar la infraestructura vial, la cual presenta deficiencias en diversas zonas de Mendoza.
La propuesta del Diputado busca que el Gobierno Provincial de Mendoza presente un plan completo de obras viales, con cronogramas y presupuestos detallados, para asegurar que los fondos recaudados se destinen efectivamente a la mejora de la infraestructura vial.